En los últimos años en nuestro país los fundamentalistas religiosos han afianzado estrategias y acciones apuntando a reforzar su poder político. Influyendo en la creación de leyes y políticas públicas, lograron insertar sus discursos en los medios masivos de comunicación y en los ámbitos educativos de todos los niveles, tanto públicos como privados, imponiendo concepciones fijas de vida en detrimento de la ampliación y reconocimiento de derechos y libertades de las personas, en particular los de las mujeres y el colectivo LGTBIQP.
Últimamente, algunos actores demostraron sus acciones más potentes al conformar organizaciones autodenominadas pro-vida. Estas organizaciones recibieron y reciben apoyo de funcionarios vinculados a partidos políticos de la derecha. Existen diversas organizaciones de este tipo en el NOA. Además, formaron redes entre sí.
Tal es el caso de una fundación en Tucumán llamada Centro de Ayuda a la Mujer, con sede en un departamento en pleno centro, en la calle 24 de Septiembre al 900. Recientemente nos hicimos eco de lo sucedido allí gracias al aporte de la nota de Vicki Ledezma para el portal de noticias Vo-Ve, pero también gracias a la fuerte investigación que ha llevado adelante una agrupación de mujeres de Tucumán. En el Centro de Ayuda a la Mujer se tortura a mujeres que deciden abortar. Las mismas son captadas a través de avisos clasificados engañosos publicados en el diario La Gaceta. Las víctimas llaman por teléfono y son citadas a una entrevista en el lugar.
La tortura es psicológica. Consiste en reproducir videos escabrosos que muestran supuestos procesos de aborto. No se basa solo en una lógica moralista. Sino que presenta incoherencia y artificio desde la perspectiva médica y científica. Luego, señoras católicas –algunas abogadas y funcionarias del Acuerdo para el Bicentenario– muestran a la mujer que desea abortar un muñeco. El muñeco refleja el supuesto tamaño y peso que tendría el feto, según la edad gestacional. Les piden cargar y abrazar el muñeco.
Una vez finalizado esto, proponen a las mujeres una beca. La beca ofrece una ración de alimentos y una cantidad determinada de pañales por mes. A cambio, deben continuar sus embarazos. Una ONG llamada Red Federal de Familias Tucumán financia esto. Mara Mockevich, miembro del partido Democracia Cristiana, dirige su asesoría legal. Además, la organización Grávida, con sede en San Lorenzo 441, colabora en financiar las actividades del Centro de Ayuda a la Mujer.
Grávida recibe fondos del Arzobispado. También obtiene fondos de Nación de la Comisión de Salud del Senado. Silvia Elías de Pérez dirige esa comisión desde hace dos mandatos. Como si no fuera poco, convencen a las mujeres de llenar una ficha con datos personales. Usan la ficha para realizarles una persecución con profesionales de la salud. Pretenden que no interrumpan el embarazo.
Así es el funcionamiento actual del Centro de Ayuda a la Mujer y otras organizaciones fundamentalistas, paralelamente a hechos dados la semana pasada donde se firmaron convenios para obstaculizar el tratamiento de leyes que promuevan los derechos sexuales y reproductivos, formando parte del mismo funcionarios de Fuerza Republicana y el Acuerdo para el Bicentenario, contando con la presencia de la senadora Elías de Pérez, y el intendente capitalino Germán Alfaro.
Mientras estas organizaciones figuran y se postulan en pos de la “defensa de la vida” bajo el falso discurso de proteger a la mujer para que la misma lleve a término el embarazo, también se perfeccionan formas de engaño y tortura violentando sistemáticamente a las mujeres que deciden abortar.
Foto: Vo-Ve.com
