El Tucumán de las trans
“Ley 26.743. Establécese el derecho a la identidad de género de las personas”.
Doce palabras, un número. Más de unx habrá necesitado leerlo tres, ocho, veinte veces para creerlo. Algunxs, incluso, escucharlo. Gritarlo.
El día 9 de mayo de 2012, el Estado reconocía en esa frase a su población trans. Sin embargo, en la resaca de los días, semanas, meses y años siguientes, la completa aplicación de la Ley de Identidad de Género sería la nueva batalla a librar.
Derecho a ser nombrada como quiero
La ley introdujo dos grandes posibilidades: cambiar el nombre y sexo del DNI y de la partida de nacimiento con sólo manifestar la voluntad propia, y por otro lado, acceder a tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas a través del sistema de salud pública del Estado.
La primera posibilidad tardó en hacerse realidad pero llegó. Las notas de rigor en los medios hegemónicos, con fotografías de personas trans felices al lado de documentos que reconocían sus verdaderos nombres, ostentaban una “nueva era”. Se está avanzando –proponían– desde las redacciones autoproclamadas “open mind”.
La segunda posibilidad (el acceso a tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas) languidece en la memoria de quienes prometieron su cumplimiento. Aunque la ley fue reglamentada en 2015, hoy no hay presupuesto para implementar el artículo 11 de la legislación, que permite “acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género auto percibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”.
La misma ley condena su falta de cumplimiento y asigna responsabilidades: “Los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce. Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el Plan Médico Obligatorio, o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación”.
Tucumán y la ley
Si el Gobierno Nacional asignara presupuesto para la aplicación de la Ley de Identidad de Género, la responsabilidad de hacer cumplir de forma completa la legislación en los centros de salud públicos tucumanos recaería en el Ministerio de Salud Pública a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia. El equipo de trabajo de este programa está integrado por la referente del programa, la doctora Adriana Álvarez, la trabajadora social Ana López, y la psicóloga Susana Martínez.
Se trata de un equipo interdisciplinario que controla y supervisa que tanto insumos como preservativos y anticonceptivos estén disponibles en los hospitales públicos de Tucumán. Además, capacitan al personal de salud para que reciba y atienda a los pacientes de manera adecuada. “Nuestra idea es tratar de formar servicios de atención, servicios ‘amigables’ de atención, consejerías integrales, servicios donde la persona llegue y se la oriente” cuenta Martínez.
Respecto a la Ley de Identidad de Género y su vigencia en la provincia, Martínez explica que “en Tucumán, lo del cambio del nombre funciona sin ningún problema”, y aclara: “Lo que está en vías de poder concretarse es todo lo que es la parte de hormonización”.
Respecto a las razones de la demora, sostiene que la ley es nueva y cuesta que se haga efectiva. “Toda ley, toda reglamentación necesita presupuesto, para que se pueda reglamentar necesita presupuesto y necesita recursos humanos”. Por ahora, no es posible acceder a ninguno de los dos. De esta manera, confirma un panorama que se repite en todo el país.
Martínez no solamente forma parte del Programa de Salud Sexual, sino que también es miembro de la Comisión de Género y Diversidad en el Colegio de Psicólogos, y del Foro Intersectorial de Género y Diversidad. Su interés por la temática recorre su trayectoria profesional. “En Tucumán en este momento hay personas que están trabajando de manera aislada, con las que nosotros estamos poniéndonos en contacto, por ejemplo en el Hospital Avellaneda, está la doctora Reina”. Y agrega: “Ella está a la espera de que se reciba los insumos de Nación”.
Otro aspecto a tener en cuenta es que para las personas trans, concurrir a un establecimiento sanitario puede ser un calvario. Desde lxs efectivxs en la puerta hasta la persona con la que te encontrás en recepción y te pide datos de identificación, más las miradas de lxs pacientes en la sala de espera, y luego lxs médicxs y sus preguntas. Martínez reconoce lo común de esta situación. “Todo el que trabaja en un centro de salud, para nosotros, es importante que esté sensibilizado (en género y sexualidad)”, y añade que esto debe ser así porque una persona que llega al centro de salud “con el primero que se topa no es con el médico. Con el primero que se topa es con el administrativo. Y si el administrativo lo discrimina, lo humilla, no le da un trato digno, esa persona no vuelve más al centro de salud, ni siquiera llega al médico”.
Una larga historia de exclusión social
A fines de los años 60, Juan Carlos Onganía firmó la Ley N° 17.732, que regula el ejercicio profesional de la medicina. Allí se establece la “prohibición de realizar intervenciones que modifiquen el sexo de una persona”. Este es uno de los más emblemáticos antecedentes históricos de la violencia institucional que viven las personas trans en Argentina. En los ’60, si alguien deseaba realizar tratamientos de reasignación de sexo, debía hacerlo de forma clandestina. Con todo lo que eso implica.
Más de cuarenta años después, de acuerdo a un trabajo de encuestas realizado en el año 2006 y publicado por Lohana Berkins y Josefina Fernández en el libro “La gesta del nombre propio”, se relevaron 400 nombres de chicas travestis fallecidas entre el 2000 y el 2005, y los problemas derivados de la aplicación de silicona industrial aparecen como la tercera causa de muerte.
“Las personas trans vienen haciéndose tratamientos de hormonización hace años, y algunos que ponen en riesgo su vida. O sea, hablamos de la población trans como una población muy vulnerable, que tiene un promedio de vida muy bajo, entre 35 y 40 años. ¿Por qué? Porque es una población que no ha accedido al sistema de salud como corresponde, como una persona con derechos como cualquier otra, y porque no había medios para asistirla tampoco”, cuestiona Martínez.
Las estadísticas son muy claras. Un informe nacional sobre situación de calle de 2011 a cargo de Lohana Berkins, detalla que el 67% de personas trans no terminó la primaria, y el 84% no se graduó de la secundaria. Las causas de deserción escolar: 39% por temor a la discriminación, y 61,4% porque el ámbito escolar no acepta su identidad de género. 91% de personas trans padecieron violencia, el 41,5% abuso sexual, el 64,5% agresiones físicas, y 81% sufrieron insultos.
Estas cifras dan cuenta de la importante marginación social que padece la población trans, lo cual les señala casi como único destino trabajar en la calle, prostituyéndose. Las estadísticas concuerdan con esta afirmación: el 93,8% de las personas trans encuestadas estuvo o está en situación de prostitución, de acuerdo a un trabajo realizado por el INDEC junto al INADI en el Partido La Matanza en 2012.
Y en la calle, encuentran más discriminación. En Tucumán, la Ley de Contravenciones Policiales prohíbe el ejercicio de prostitución en la vía pública, lo cual les da vía libre a lxs efectivxs para detener a una persona que se prostituye y mantenerla incomunicada por 48 horas.
No sólo eso. La historia reciente te recuerda que, si sos una persona trans, una de las peores cosas que te puede pasar es estar detenida en una celda policial en Tucumán. En 2012, Ayelén, una chica trans, subió a un taxi y al bajar del vehículo, fue detenida junto al chofer por efectivos de la policía. La llevaron a la Comisaría Segunda de San Miguel de Tucumán y abusaron de ella, además de torturar al taxista. Ayelén fue liberada y luego de denunciar el crimen en los medios, se tuvo que ir de la provincia porque la amenazaban.
Un año después, otra mujer trans fue detenida por policías en circunstancias similares. Fue retenida por tres días en una comisaría donde la violaron cinco efectivos.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la ley de contravenciones de Tucumán en octubre de 2010. En su fallo, señaló que una persona detenida no puede estar incomunicada y sin la presencia de un abogado, lo cual está permitido por las contravenciones. La Corte Suprema le ordenó a la Corte de Justicia de Tucumán que tome acción respecto a la inconstitucionalidad de la ley.
Cuatro años después, el 2 de junio de 2014, la Corte tucumana se expidió sobre la inconstitucionalidad de los artículos 5 y 13 de las contravenciones, y señaló que muchas veces el accionar policial traspasa los límites de lo legal. Sin embargo, el Poder Legislativo tucumano es el que tiene la obligación de adecuar la normativa o reformarla. Todavía no lo hizo.
Dolor tucumano
El nivel de rechazo en Tucumán a hablar y actuar respecto a las problemáticas relacionadas con género y sexualidad es tan grande, que la provincia no se adhirió a la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable luego de su sanción en 2003.
Debido a la oposición de los legisladores provinciales a contar con una ley provincial de salud sexual, el Ministerio de Salud Pública de la Provincia se comprometió a cumplir con la ley nacional a través de un convenio interministerial, que llevó a la creación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Tucumán.
Pasando en limpio este contexto, lxs legisladorxs no adhieren a la Ley de Salud Sexual y mantienen vigente la Ley de Contravenciones Policiales. Queda claro: para la Justicia tucumana y el Poder Legislativo, en Tucumán no hay lugar para las personas trans. Ni derechos.
Sin embargo, sí existe una Ley de Identidad de Género, válida para todas las personas trans argentinas. Activistas como Lohana Berkins y Diana Sacayán estuvieron detrás de su proclamación. Y en 2016, la lucha continúa por su implementación.
Pero la legislación no existe en un vacío. La transfobia recorre generaciones. La violencia de género acecha tanto las comisarías tucumanas como en Tribunales y nuestras propias casas. Gritamos “Ni Una Menos” en la plaza en la que jugábamos cuando éramos niñxs.
Diana Sacayán, tucumana y heroína de tantxs, fue encontrada sin vida en su departamento de Buenos Aires en octubre de 2015. Tenía 27 heridas en su cuerpo. Hay dos imputados por el crimen: Gabriel David Marino y Félix Alberto Ruiz Díaz. El procesamiento detalla que el femicidio fue “motivado en su calidad de miembro del equipo del Programa Diversidad Sexual de INADI, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)”.
De esta manera, la memoria de Diana pasó a ser invocada en las marchas LGTBIQP junto con los nombres de Laura Moyano, Coty Olmos, Marcela Chocobar y tantas otras.
En “Hacia una identidad de género”, Pedro Mouratian sostiene: “Luego de la sanción (de la Ley de Identidad de Género), hay que trabajar en políticas reparatorias para desbaratar los mecanismos institucionales de discriminación que operan contra las personas trans y que han legitimado mecanismos socioculturales de fobia por estigmatización, criminalización y patologización”.
Tres años después de la victoria que significó la ley, Diana fue asesinada con esos mecanismos socioculturales en plena vigencia.
La falta de implementación total de la Ley de Identidad de Género es sólo una parte de un entramado de violencia y segregación con el que conviven las personas trans. La ley se revela como un hito incompleto, ya olvidado por la prensa hegemónica, las instituciones públicas y el poder político. Pero no hay olvido para la resistencia trans y la furia travesti. La lucha continúa.
“Cuando yo me vaya sé que en algunas cuantas conciencias habré dejado la humilde enseñanza de la resistencia trava, sudaca, originaria”.
Fragmento de “Cuando yo me vaya”, de Amancay Diana Sacayán.
Foto gentileza: Cosecha Roja</a></p>
